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LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS [07/10/2007]
El pasado 23 de junio se publicaba esta ley en el BOE, que va a cambiar la forma que el ciudadano tiene de relacionarse con la Administración. Por decirlo de forma amplia, estamos hablando de las ventajas que para los ciudadanos puede tener, en su relación con la Administración, el uso de las nuevas tecnologías, Internet, etc.
Creo que siempre habrá casos en que sea imprescindible la relación presencial, incluso es un derecho que nos asiste porque alguien puede preferir que así sea en su caso. Pero no hay duda de la enorme ventaja que para el ciudadano supone el acceso electrónico con el ahorro de tiempo y la transparencia que la aplicación de esta ley aportará a toda la burocracia administrativa. Esta ley va a permitir una Administración Pública de mayor eficiencia y más eficaz al servicio del ciudadano.
Muchos trámites que hay que cumplir, comienzan por un primer desplazamiento en solicitud de información a los que hay que sumar una serie indefinida de desplazamientos para ir cumplimentando trámites que no se pueden hacer en tiempo real. Es por tanto una primera barrera para el ciudadano, que con la aplicación de las NN TT puede ser eliminada en muchos trámites, cosa que agradecerán especialmente las personas cuya localización geográfica y su horario laboral les supongan un serio inconveniente la multitud de horas que tienen que hacer en las ventanillas de la administración. Hay otras circunstancias molestas y evitables con la nueva ley, como la que supone el que el ciudadano tenga que aportar información sobre datos que ya tiene la Administración, como puede suceder con la declaración de renta a la hora de elegir colegio. Son cosas evidentes sobre las que no es preciso insistir, porque esos problemas los conocemos todos de primera mano
Por eso la ley es un gran avance. Pero una ley escrita en el BOE, no soluciona todo. Hay que ponerla en marcha. Y en relación con ello participé la semana pasad en Madrid en una mesa redonda organizada por la FEMP (Federación de Municipios y Provincias) con la alcaldesa de Castrillón, (Oviedo) y el alcalde de Jun (Granada), ante un auditorio de políticos locales y funcionarios del área de las nuevas tecnologías. La primera intervención fue para calificar la ley. Para mí, sin ninguna duda, es una ley necesaria y buena y que a pesar de pasar desapercibida al gran público durante su elaboración, va a influir notablemente en nuestras vidas. Eso no quiere decir que aspectos de ley no sean manifiestamente mejorables y que puedan y deban de ser modificados. De hecho hay foros en Internet con debates muy vivos al respecto. Esos aspectos se refieren al acceso mediante sistemas abiertos que prefiero dejar fuera de este comentario.
Son 8.000 ayuntamientos que se encuentran, una vez más, con una ley elaborada por el Parlamento que obliga a poner en marcha una serie de recursos con un coste importante, pero que sin embargo no habla para nada de financiación. Y esta es la mayor queja. Se echa de menos, una compensación económica a los Ayuntamientos para que lleven a cabo las inversiones necesarias. Aunque no sorprende porque es la costumbre. El gobierno de España sabe quedar bien haciendo leyes, pero son los ayuntamientos los que tienen que hacer el esfuerzo económico para cumplir los compromisos del Gobierno. Y, además, logra el Gobierno de España que los ciudadanos piensen que es él quien presta el servicio. Pasa igual con la ley de Dependencia y tantas otras.
Y el 31 de diciembre de 2.009 esta más cerca de lo que parece. Son apenas dos ejercicios presupuestarios en los que habrá que ir dotando partidas presupuestarias municipales para ir adquiriendo el hardware y el software preciso, además de los recursos humanos necesarios para poner al día todos los procedimientos administrativos y la comunicación entre administraciones para disponer de la información que cualquiera de ellas pueda tener y evitar al ciudadano la molestia de que la busque.
Si no se pudiera cumplir el compromiso que entra en vigor el 1 de enero de 2010, no sería por culpa de los Ayuntamientos. Ya se cura el legislador en salud diciendo que “los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”. Lo cual sería una auténtica pena.
Más información en la web municipal
http://www.molinadesegura.es/portal/fnot_d0_v1.jsp?codnoticia=1835
alcalde@eduardocontreras.es
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